Colegios de abogados rechazan reforma de ley laboral perjudicial
Ante la fría respuesta de las organizaciones que representan a los abogados, como el CPACF y la FACA, respecto a los cambios en la nueva ley laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, un grupo de 29 colegios de abogados de todo el país decidió actuar y pedirle a la justicia que detenga ciertos artículos de esta ley.
Esta presentación busca que los tribunales otorguen una medida cautelar, evitando que algunos de los artículos se apliquen mientras se resuelve el tema. Esto se suma a una serie de acciones similares que ya están avanzando en otros frontes relacionados con la normativa aprobada por el Congreso, que fue uno de los principales objetivos del oficialismo en las sesiones extraordinarias. La idea es demostrar un daño a los derechos de defensa en juicio, resaltando el peligro que podrían representar las normas en cuestión para el ejercicio de la profesión.
Según fuentes, esta solicitud se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, sumándose a otros reclamos que buscan declarar inconstitucional lo aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, dado que el oficialismo tuvo suficiente respaldo para hacerlo con modificaciones mínimas.
¿Qué plantea la demanda?
Los colegios, apoyados por el abogado Alberto Spota, pidieron específicamente que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sufrió modificaciones en febrero. Su argumento es que estos artículos violan varios principios de la Constitución Nacional. La magnitud de los colegios involucrados le otorga legitimidad a esta acción, que se siente como una especie de movilización colectiva.
Critican el uso inadecuado de las herramientas legales, lo cual podría afectar no solo a los abogados, sino también el sistema judicial en general. Atacan particularmente el régimen de honorarios profesionales en las causas laborales, que cambian las condiciones del ejercicio profesional y afectan por ende a un gran número de colegas. Citan fallos previos de la Corte Suprema para respaldar su posición acerca de las medidas cautelares que se dictan ante hechos que comprometen la Constitución.
La preocupación principal radica en que se autorice el pago en cuotas de los honorarios en juicios laborales, lo que consideran una amenaza al derecho de propiedad. También objetan el manejo de las costas judiciales, algo que debería regular cada provincia según su sistema.
Los abogados explican que esto generaría un efecto disuasivo en la situación financiera, puesto que podrían ser sancionados, lo que a su vez implica una limitación al derecho de defensa. Aseguran, entonces, que las normas cuestionadas ya parecen incompatibles con el orden constitucional vigente, solicitando así la cautelar.
Una multitud de colegios de todo el país
Como parte de su estrategia, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la concesión de un traslado al Estado nacional para dar un informe requerido por la nueva ley antes de que se resuelva su pedido cautelar. Esto es fundamental para evitar obstáculos en el proceso que el gobierno podría intentar implementar, además de que la medida cautelar no pierda validez si el Estado luego presenta algún informe.
Se están preparando para cualquier posible apelación que pueda hacer el gobierno en caso de que el juez les dé la razón en primera instancia. Hacen esto para proteger, aunque sea temporalmente, todos los recursos que tendría el Estado para dilatar el proceso.
El impulso surgió de los abogados del Colegio de Abogados de Villa María, liderados por Amalia Itatí Demarchi. Ellos lograron que varios colegios, desde Corrientes hasta Chubut, se unieran para presentar esta demanda. Esto representa una movilización notable y un esfuerzo conjunto que muestra la preocupación que muchos tienen sobre cómo estas reformas impactan en su ejercicio profesional y derechos.